A finales de abril de 2026, el gobierno federal dio un gran paso al trasladar los productos de marihuana aprobados por la FDA y la marihuana vendida con licencias estatales de marihuana medicinal que cumplían los requisitos de la Lista I a la Lista III de la Ley de Sustancias Controladas. Este cambio reconoce el uso médico aceptado y facilita la realización de investigaciones clínicas, pero no legaliza totalmente el cannabis ni autoriza el uso recreativo a nivel federal. El 29 de junio de 2026 está prevista una audiencia administrativa para considerar si la marihuana en sentido más amplio también debe pasar a la Lista III, por lo que este panorama seguirá evolucionando.
Desde el punto de vista fiscal, la mayor novedad es la exención de la Sección 280E del Código de Rentas Internas para las empresas que, debido a esta orden, ahora sólo comercian con marihuana medicinal de la Lista III en lugar de con sustancias de las Listas I o II. Una vez que una empresa cumple las nuevas normas, los gastos de explotación ordinarios y necesarios (alquiler, nóminas, marketing, honorarios profesionales, etc.) pueden volver a deducirse, en lugar de ser rechazados en virtud del artículo 280E. Esto puede mejorar drásticamente el flujo de caja después de impuestos y la rentabilidad, y cambia el cálculo de los precios, la expansión y la financiación en el espacio del cannabis medicinal. Sin embargo, es probable que los operadores mixtos que venden tanto cannabis medicinal autorizado por el estado como cannabis para uso adulto tengan que hacer un seguimiento cuidadoso y asignar los ingresos y gastos entre la parte del negocio correspondiente a la Lista III y la correspondiente a la Lista I hasta que se finalice una reprogramación más amplia.
La banca y el acceso al capital también se ven afectados, pero el panorama dista mucho de ser sencillo. La reclasificación a la Lista III reduce (pero no elimina) el riesgo legal federal para las instituciones financieras que trabajan con negocios de marihuana medicinal que cumplen las normas y tienen licencia estatal, lo que debería mejorar gradualmente el acceso a la banca básica y posiblemente a la inversión institucional. Al mismo tiempo, el cannabis sigue siendo una sustancia controlada, se siguen aplicando las principales leyes federales sobre blanqueo de dinero y aún no se ha aprobado la tan debatida Ley Bancaria SAFE, por lo que muchos bancos mantendrán la cautela hasta que reciban orientaciones normativas más claras. Esto significa que los operadores de cannabis no deben asumir que «la banca está resuelta», sino que las instituciones regionales y más orientadas a las relaciones pueden empezar a ampliar sus servicios, especialmente para los operadores médicos que puedan demostrar un sólido cumplimiento.
Todo esto ocurre en un contexto en el que muchos estados ya han legalizado el cannabis a nivel estatal. A partir de 2026, el cannabis de uso adulto (recreativo) será legal en más de 20 estados, además de Washington D.C., como California, Nueva Jersey, Nueva York, Colorado, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misuri, Nevada, Nuevo México, Ohio, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, entre otros. Incluso en estos estados, la ley federal sigue siendo importante: el cannabis para uso de adultos sigue estando en la Lista I por ahora, y las normas federales siguen afectando a los impuestos, la banca y las operaciones entre estados. Si diriges un negocio relacionado con el cannabis -o estás pensando en entrar en este sector-, debes estar familiarizado con estos nuevos cambios (y probablemente con otros que se avecinan).
